Grupo Puntual / Redacción

Ciudad de México, 20 de febrero de 2019.- durante una rueda de prensa dirigentes del G-10, que integra varias organizaciones de Radio Taxis y Bases de Sitio de la capital mexicana, exigieron a las autoridades responsables se dé marcha atrás al acuerdo del 15 de julio de 2015, donde se pretende dar legalidad a la operación de las aplicaciones extranjeras de transporte de pasajeros, y que argumentan, nació de un acto de corrupción en el que se vio involucrada la anterior administración.

Denunciaron que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 258 y 260, reafirma la legalidad de este acuerdo, ya que las 8 empresas extranjeras, que avalan los autos que dan servicio, carecen de la concesión o permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad para prestar el servicio público, privado, mercantil de transporte de pasajeros o de carga en esta ciudad.

Los taxistas de diferentes organizaciones, de más de 20 estados de la República Mexicana reunidas frente a Palacio Nacional, expresaron “los dueños de los vehículos, directivos y trabajadores de las empresas que utilizan aplicaciones sin contar con la concesión correspondiente de esta ciudad, deben hacerse acreedoras de las sanciones contempladas en la ley” .