- La “verdad histórica” sobre la muerte de Arturo “N”, presunto homicida del ex magistrado Luis Miranda Cardoso, está plagada de imprecisiones e irregularidades
Grupo Puntual / José Contreras Contreras
ALMOLOYA DE JUÁREZ, México, 19 de Agosto de 2020.- Detrás del supuesto suicidio de Arturo “N”, presunto autor del homicidio del notario público de Toluca, Luis Miranda Cardoso, hay una larga lista de irregularidades que supondrían omisiones y actuaciones negligentes de la autoridad penitenciaria que es necesario investigar a fondo, pues siembran dudas y generan especulaciones que manchan el caso de “causas” como la venganza política e implicaciones de la víctima y sus descendientes con actividades no legales.
Arturo “N”, a quien se reportó sin vida aproximadamente a las 22:30 horas del pasado 17 de agosto –según una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, no se le localizó sin vida “colgado con su pantalón de un barrote de la ventana de su celda”, porque ni siquiera se encontraba en una celda del Centro de Prevención y Reinserción Social de Almoloya de Juárez, conocido como “Santiaguito”.
De acuerdo con testimonio rendido por custodios que tenían la responsabilidad de garantizar la integridad de Arturo “N”, el presunto homicida del licenciado Miranda Cardoso se encontraba privado de la libertad en un dormitorio dedicado a la Visita Conyugal, de aproximadamente 5 metros cuadrados (2 de ancho por 3 de largo), en el cual solamente existe una cama, separada de las paredes, una pequeña ventana a metro y medio del piso –lo que hace casi imposible que alguien se cuelgue–, y no hay ningún elemento que pudiera ser empleado para suicidarse.
La estancia de Arturo “N” en un cuarto de Visita Conyugal constituye por sí misma una irregularidad y falta a los procesos y protocolos establecidos para privar de la libertad a una persona de nuevo ingreso, pues hay que recordar que esa persona llevaba menos de un día en la penitenciaría de “Santiaguito”, por lo que no había sido clasificado con la población general, pues su situación legal todavía estaba por determinarse.
Más aún, de acuerdo con la clasificación que se hizo de Arturo “N” a su llegada al penal estatal de Almoloya de Juárez, se trataba de un detenido “Especial”, con base en la consternación social que causó el supuesto homicidio que habría cometido de un destacado jurista que incluso ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; más aún, porque el hijo del ex magistrado, el diputado federal Luis Miranda Nava, habría solicitado al propio gobernador del Estado de México, al Secretario General de Gobierno y al Fiscal General de Justicia de la entidad, “atención especial” en este caso, como el propio ex Secretario de Desarrollo Social lo comunicó en una entrevista que se le realizó a las puertas de la escena del crimen, en la colonia Sector Popular de Toluca, misma que se difundió intensamente por medios tradicionales de comunicación, páginas de internet y redes sociales.
De acuerdo con especialistas en materia penal consultados por Corporativo Puntual en el despacho jurídico Mejía-Reyes, quienes mantienen relación continua con personas privadas de la libertad en el penal de Santiaguito, todos los internos son sometidos a un riguroso sistema de vigilancia que tiene como respaldo tecnológico cámaras de video vigilancia en los pasillos de las áreas de reclusión, mediante las cuales es posible observar en todo momento las conductas de los presos.
“Quien por depresión, presión o angustia se prepara para el suicidio muestra conductas de irritabilidad o, por el contrario, de usencia y profunda concentración, y eso los vigilantes lo detectan fácilmente, por lo que si esa persona hubiera actuado así, ellos tenían la responsabilidad de intervenir para evitar se concretara el atentado contra la vida”, explicó uno de los juristas consultados, quien por razones de seguridad solicitó la reserva de su nombre.
“En todo caso, si los custodios, psicólogos y trabajadores sociales hubieran hecho su trabajo, y hubieran observado las conductas características previas a un suicidio, debieron transferir al presunto implicado en este homicidio a una celda especial, por ejemplo, al nuevo penal de Tenango del Valle, las cuales están por dentro totalmente acolchonadas y sin barrotes para evitar precisamente que una persona privada de la libertad atente contra su integridad física”, precisó otro de los miembros del despacho Mejía-Reyes.
Por otro lado, personas privadas de la libertad del mismo penal de “Santiaguito”, donde este miércoles 19 de agosto de 2020 pasaron lista 3 mil 821 internos, entre mujeres y hombres, aseguraron sin poder comprobarlo que Arturo “N” murió por golpes que personal de seguridad le propinó desde su arribo a la penitenciaría.
“A los negros se les pasó la mano. Desde que llegó aquí se hizo todo un escándalo, pues todos nos enteramos por las noticias lo que supuestamente había hecho, y de bienvenida le dieron una madriza”, dijo uno de los internos que por supuesto no será identificado para salvaguardar su integridad física.
“Se les pasó la mano, lo mataros a golpes y luego, seguramente, lo colgaron ellos mismos para suicidarlo”, añadió otro interno que refiere haber estado cerca del lugar donde fue encontrado sin vida el presunto asesino del licenciado Luis miranda Cardoso.
De acuerdo con los abogados consultados, “la muerte de esta persona no puede quedar impune, porque hay toda una cadena de mando de servidores públicos que deben responder sobre el hecho; están los custodios que estaban a cargo de la zona de Visita Conyugal, el Jefe de Seguridad del penal, el Jefe de Turno que estaba a cargo, el director del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, Miguel Ángel Correa, el Subsecretario de Control Penitenciario y, por supuesto, la Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, que al final es la responsable de que este tipo de cosas no sucedan en las cárceles mexiquenses”.
“Lamentablemente Arturo N no es la primera persona privada de la libertad que muere al interior del penal de Santiaguito por la actuación negligente de muchos de los servidores públicos que ahí laboran, eso sucede muy seguido. Aquí la muerte ay se está haciendo costumbre. Aquí los presos nos morimos más por los excesos, abusos policíacos, negligencia y corrupción de nuestras autoridades, que por el COVID”, remató uno de los internos denunciantes.
