- Proponen sanciones por cometer abusos, imponer cuotas y ocultar información
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 27 de Febrero de 2022.- La diputada Claudia Desiree Morales Robledo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso expedir la Ley para la Regulación de Centros de Rehabilitación contra las Adicciones del Estado de México, así como establecer que se apliquen sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la dignidad del sujeto.
“Con esta ley se definirían las funciones de los Centros de Rehabilitación de las personas adictas o farmacodependientes, sus derechos y obligaciones, así como las sanciones por cometer abusos, imponer cuotas y ocultar información, además de plantear la creación de un consejo de regulación integrado por varias dependencias”, precisó.
Morales Robledo añadió que la entidad tiene registrados 12 Centros de Rehabilitación privados, ubicados en su mayoría en la zona del Valle de México, además de 35 Centros de Atención Primaria y un centro Especializado en Prevención y Rehabilitación a las Adicciones (CEPRA) de carácter público.
Sin embargo, dijo, en el territorio mexiquense se visualizan más de 12 centros de rehabilitación presuntamente del sector privado o civil, y es que la importancia de regular estos sitios radica en evitar las malas praxis y vejaciones a las que son sometidas las personas adictas, percibiéndose que estos lugares no son operados con la finalidad de rehabilitar.
“Coadyuvando a la situación antecedida, los familiares de los candidatos a ingresar a los centros de rehabilitación, por desconocimiento y en ocasiones desesperación por auxiliar a su ser querido, toman la decisión de internarlos sin contar con la seguridad del bienestar de la persona. Existen diversas versiones de malos tratos y corrupción dentro de los centros de rehabilitación”, precisó.
Por ejemplo, mencionó el caso de un varón que fue ingresado por sus familiares en el Centro de Rehabilitación Las águilas, ubicado en el municipio de Zinacantepec, con la esperanza de una reinserción, sin embargo, en este sitio sufrió de violencia psicológica y física, pues ocultaron su estado de salud, sufrió una fractura de alto grado en una de sus piernas, originado por los mismos internos, situación que agravo su salud y terminó falleciendo.
Por último, señaló la obligación de legislar sobre la regulación de los Centros de Rehabilitación o los Centros Especializados en Tratamiento, Atención y Rehabilitación, para evitar la violación a la dignidad humana de las personas adictas, con la premisa de que el bienestar personal y la convivencia familiar construyen mejores sociedades.
