Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 21 de Febrero de 2022.- Penas de 2 a 6 años de prisión a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, así como de hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice, son las reformas al Código Penal del Estado de México propuestas por el diputado Andrés Sibaja González, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso para combatir las tomas clandestinas, el robo y comercialización del agua potable en la entidad.
«Además, propone imponer de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, a quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia de la entidad», añadió.
Refirió que la iniciativa busca combatir el robo de agua especialmente en municipios donde su disposición es limitada, como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, por lo que además propone sanciones en contra de quien, sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios señalados en la ley en la materia, posea, explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica.
Sibaja González resaltó que estas conductas se sancionarán con penas de 1 a 8 años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de 10 mil, mientras que al propietario, arrendatario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y no la denuncie se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 150 a 300 días de multa.
«Se ha detectado que personas están lucrando con este vital líquido mediante el desarrollo de tomas clandestinas y con ello desarrollan acciones de extracción del agua potable, lo que de alguna manera ocasiona que el caudal de agua disminuya y no llegue a las viviendas que cuentan con sus tomas domiciliarias, afectando enormemente su derecho al servicio y goce de agua potable», explicó.
Precisó que este fenómeno se agrava por casos de negocios como autolavados, purificadoras de agua, hoteles e industrias que realizan tomas clandestinas de agua para incrementar su caudal sin hacer el pago correspondiente, adicionalmente a la presencia de grupos que por la fuerza desconectan las tuberías para dejar sin agua a las comunidades, sustraen el líquido y lo venden a las familias.
Finalmente, lamentó que actualmente la normatividad para sancionar la sustracción de agua es muy laxa y es complicado castigarla, por ello realizaron mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para enriquecer la propuesta y contar con una ley efectiva.