Analizan Ley de Amnistía en Parlamento Abierto

  • Siempre existe posibilidad de cometer errores a nivel judicial, reconoce Sodi Cuellar

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 3 de Agosto de 2020.- Con la participación de representantes del Poder Judicial, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, así como de organizaciones defensoras de los derechos humanos, las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos iniciaron con el parlamento abierto para analizar la Ley de Amnistía del Estado de México.

Durante su participación, Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), se comprometió a presentar un documento con las precisiones realizadas en esta primera reunión a fin de satisfacer los justos reclamos sociales de los activistas en materia de derechos humanos y de los ciudadanos mexiquenses.   

“Los errores judiciales, como toda actividad humana, tienen errores y áreas de oportunidad, negarlo sería un error. Siempre existe la posibilidad de cometer errores, cuando hay el reconocimiento de inocente y que esta previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puede haber un reconocimiento basado en el hecho de que hubo pruebas falsas, prefabricadas o incorrectas”, agregó.

Apuntó que otra de las opciones que existen es el indulto que puede otorgar el gobernador del estado cuando se han agotado todas las instancias judiciales, es decir, es una forma de contrarrestar algún error judicial y la figura adecuada, y advirtió que la Ley de Amnistía no es el instrumento adecuado para la corrección de errores judiciales y para hacer un reconocimiento de inocencia.

Sodi Cuellar indicó que cuando se presentan situaciones jurídicas complejas, el camino no es ignorarlas, pero si se puede modificar y darle el cauce legislativo y jurídico normativo adecuado.   

Por su parte, Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, refirió que la Ley de Amnistía tiene que concebirse como un elemento de parte de un conjunto articulado de acciones, es decir, que no es la solución única o exclusiva, ya que requiere de otras acciones por parte de las autoridades que intervengan para tener una política de justicia que garantice los derechos de los mexiquenses.

“En términos de los análisis que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Corte Interamericana, el olvido que genera una ley de amnistía no es procedente, en cualquier caso, es decir, pudiera considerarse una figura en algunos casos contraria a la protección de los derechos humanos donde no es permisible en términos de estándares internacionales generar un olvido y eliminar la ejecución de las penas”, agregó.

Indicó que se debe tener en cuenta al revisar los supuestos que estaría contemplando la iniciativa, pues no se pueden derogar los tipos penales, ya que tiene algunas particularidades como el hecho de que no puede ser permanente y tiene que estar referida a un tiempo determinado, a determinadas conductas que la ley considera como delitos y la etapa ya se haya materializado.

Mientras que Octavio Amezcua Noriega, asesor de Derechos Humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va más allá de la Ley federal de Amnistía.

Resaltó que es importante el planteamiento del Congreso Mexiquense para que sea desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo donde se revise la operación de la ley, asegurando una asistencia jurídica que intervenga de manera efectiva en cada caso.

Finalmente, Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres violentadas de Atenco, acusó que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político, social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el poder judicial federal y estatal.

“Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema de procuración de justicia han sido utilizados para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social”, concluyó.

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