• Legislación fiscal mucho más complicada enfrenta el sector empresarial

Grupo Puntual / Carlos Moreno Careto

TOLUCA, México, 12 de Enero de 2020.- Las nuevas disposiciones en materia fiscal implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que entraron en vigor a partir del 1 de enero, muestran el avance tecnológico y recaudatorio que se ha conseguido en el país en los últimos años, pero no así la sensibilidad y el apoyo que la economía nacional y el sector privado requiere.

Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), refirió que ante un año particularmente complicado como fue el 2019, en el que el crecimiento económico fue de 0 y se tuvieron sectores con despido de personal y cierre de empresas, se esperaba un mensaje mucho más solidario y promotor para la llegada de nuevas inversiones.

“Al parecer, con lo que nos despertamos en este 2020 es con una legislación fiscal mucho más complicada para todos aquellos que pretendan emprender y para todos aquellos que día a día sacrificamos o ponemos en riego nuestro patrimonio… Entendiendo a nosotros como parte del sector, como un terrorismo fiscal, como parte de visualizar que todos los ingresos sean perfectamente declarados cuando no se tiene sensibilidad alguna de que no todos los ingresos que se tienen deben ser ingresos que se generen algún tipo de ganancias”, opinó.

Las nuevas disposiciones incluyen incremento en impuestos, como es el caso del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios en refrescos, bebidas azucaradas, cigarros y de manera generalizada combustibles, lo que puede desencadenar incremento de precios en otros productos básicos.

En casos contables de las unidades económicas es más caro tener un error u omisión en el cálculo del impuesto, porque puede llevar a pagar penalizaciones que, en México son intereses, recargos o multas, y pueden representar de 150 a 200 por ciento de la contribución o del impuesto omitido

El representante del sector empresarial en la entidad, explicó que las nuevas disposiciones recargan todo el peso nuevamente en contribuyentes cautivos, esperando tener un aumento del 2.7 por ciento en recaudación este año, pero dejando nuevamente de lado el gran problema que es la informalidad y que al momento significa en 22.5 por ciento del Productos Interno Bruto.

La miscelánea fiscal tampoco considera factores internacionales como el hecho de que este año Estados Unidos bajó su tasa de Impuesto Sobre la Renta, al pasar de 35 a 21 por ciento.

“Seguimos pagando más y siendo más revisados los mismos, sean pequeños contribuyentes o grandes trasnacionales, dándole vueltas al mismo problema y sin soluciones reales de largo plazo”, indicó.

Precisó que  lo mínimo deseado es que las autoridades hacendarias tomen el tiempo y recurso para hacer la capacitación y certificación de quienes estarán a cargo de la aplicación de estas nuevas disposiciones, pues de otra manera las repercusiones serían lamentables.

“Están determinando reglas que le dan demasiadas facultades a las autoridades fiscales y no creemos que tengan las suficientes habilidades o sensibilidad para entender y no dañar al sector empresarial, así como la generación de empleos”, indicó.

Este año el gobierno prevé ingresos por 6.1 billones de pesos, de los cuales 3 billones 505 mil millones se obtendrán a partir del pago de impuestos de los contribuyentes.