Convertidos defensores de derechos humanos figuras de ornato

  • Su exagerada cercanía con la cúpula política favorece atropello sistemático de derechos humanos

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 21 de Septiembre de 2021.- El Estado mexicano debe homologar sus acciones de gobierno con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos para evitar atropellos a la población mexicana, consideró José Antonio Lara Duque, cofundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Explicó que el Congreso de la Unión, junto con los Congresos locales y el Poder Judicial federal, debe construir una cultura que defienda al pueblo a través de ejes prioritarios de gobernanza, por ejemplo, que los tres órdenes de gobierno organicen una red armonizada de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, del que se carece prácticamente en todo el territorio nacional.

Lamentó que la figura del defensor del pueblo, depositada constitucionalmente en las Comisiones de Derechos Humanos, se haya convertido en una figura de ornato político alejado de proteger y defender los derechos fundamentales, y aproximándose demasiado a las esferas de poder político y económico.

“Necesitamos una cultura que ayude desde sus propias facultades a mejorar la política pública de los gobiernos en el país y, sobre todo, que abone en la efectiva protección de los derechos fundamentales de toda la población”, sostuvo.

Lara Duque afirmó que es una prioridad combatir la tortura y supervisar el Sistema Penitenciario nacional, atender las acciones para erradicar la violencia de género, supervisar los derechos de las personas y pueblos indígenas, así como afianzar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, dijo, se deben fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales desde el nivel municipal, estatal e internacional, su dirección presupuestal y reestructuración interna, ejes rectores de acción prioritarias en materia de defensa de las garantías individuales que perfilan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Resaltó que con estas acciones el gobierno federal podrá garantizar que se eviten atropellos sistemáticos a los derechos humanos en casos fehacientes como el cautiverio de la defensora Kenia Inés Hernández Montalván, activista que ha sido acusada de manera “irregular” por presuntos ataques a las vías generales de comunicación como resultado de su resistencia pacífica a modelos de desarrollo neoliberales impuestos por el Estado mexicano.

O, por ejemplo, el doble atropello a los integrantes de la comunidad indígena Triqui, que mantienen una protesta en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en la capital del país, luego que ser desplazados de su natal Oaxaca por intereses de orden político.

“Las personas indígenas, entre ellas, mujeres, menores de edad y adultos mayores, llevan ocho meses acampando en la calle en la capital del país, debido a que el Estado mexicano no les ha garantizado derechos básicos como justicia, vivienda digna, asociación política, salud, educación, empleo, entre otros muchos rubros más”, concluyó.

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