• Observan presuntas irregularidades e intereses económicos en programa de fianzas de fidelidad de municipios

Grupo Puntual / José Contreras Contreras

TOLUCA, México, 20 de Diciembre de 2019.- De acuerdo con los lineamientos que estableció el Encargado del Despacho del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Rogelio Padrón, y por las empresas a las que entregó la responsabilidad de afianzar el patrimonio de los mexiquenses, éste se encuentra técnicamente a la deriva, pues se trata de “compañías patito” cuyo capital no les alcanzaría para cubrir ningún quebranto financiero ni el municipio más pequeño de la entidad.

Carolina Mendoza Meléndez, asesora financiara, cuestionó el proceso de concesión que realizó el Encargado del Despacho del OSFEM, Rogelio Padrón, y alertó que si los ayuntamientos mexiquenses afianzan con las empresas que él designó, “lo más probable es que dentro de dos años, cuando concluyan las actuales administraciones municipales, se presenten quebrantos financieros irreversibles”, dijo.

Explicó que Rogelio Padrón realizó un procedimiento “en lo oscurito”, prácticamente cerrado, en el que impidió la participación de afianzadoras de renombre y con experiencia en el mercado financiero del país, y “elaboró lineamientos a modo” para que las empresas que él quería que ganaran el procedimiento no tuvieran prácticamente competencia.

“Se trata evidentemente de una maniobra en la que existen intereses económicos de por medio, pues no existe hay lógica para que compañías sin capital, sin experiencia, limitadas en materia de fianzas de fidelidad, sean las responsables de garantizar el patrimonio de los mexiquenses”, dijo.

Para el 2020 y 2021, los 125 ayuntamientos del Estado de México, a partir de las modificaciones aprobadas recientemente por la Legislatura local, estarán obligados a contratar una fianza de fidelidad que garantice que, en caso de cualquier daño al patrimonio municipal, ésta cubra el quebranto para evitar que sean los ciudadanos los afectados.

Sin embargo, explicó la especialista, “el proceso para determinar qué empresas serán las responsables de otorgar esas fianzas fue amañado, manejado, limitado, y a modo para beneficiar a dos empresas con las cuales se presume que Rogelio Padrón tiene intereses personales”.

De acuerdo con el procedimiento, que no fue ni concurso ni licitación, pues nunca se convocó a todas las compañías con tradición y experiencia en esta materia, los ayuntamientos mexiquenses tendrán que contratar obligatoriamente con Fianzas y Cauciones Atlas S.A., y/o Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución S. A.

“Esas empresas se negaron siempre a afianzar a los gobiernos mexiquenses, pero ahora, por los problemas de contracción que presenta el mercado financiero del país, se arreglaron con Rogelio Padrón para entrar a la jugada y quedarse con esos contratos”, explicó.

“En el mercado financiero del país se les considera empresas patito, sus reservan técnicas son por mucho menores a los montos de las fianzas que deberán garantizar, por lo que si se presenta un quebranto en algún municipio, no van a poder responder al compromiso que están contrayendo”, indicó la especialista.

“No tienen experiencia y ni siquiera un Departamento de Fianzas de Fidelidad; no prestan ningún tipo de servicio jurídico de apoyo a un beneficiario, y siempre se han negado a participar en el programa de afianzamiento del Estado de México, y ahora lo hicieron por desesperación”, citó textual.

Mendoza Meléndez también cuestionó las nuevas reglas de operación que estableció el Encargado del Despacho del Órgano Superior de Fiscalización, Rogelio Padrón, “pues antes las fianzas eran por el 4 por ciento del presupuesto anual de cada municipio, y esta persona (Rogelio Padrón), que evidentemente no sabe nada de fianzas de fidelidad, estableció que se afiance por 1 al millar”, precisó.

Esto significa la desprotección del patrimonio de los mexiquenses, pues recordó que, por ejemplo en Zinacantepec, cuando el ex alcalde, Leonardo Bravo Hernández, enfrentó una demanda por 90 millones de pesos, solo había una fianza de 900 mil pesos para enfrentar el quebranto financiero, lo que obviamente costó a los ciudadanos de Zinacantepec.

Por ello, recomendó elevar el monto de las fianzas, para que, en caso de presentarse cualquier irregularidad en el gasto de los municipios, se cuente con recursos suficientes para corregir la anomalía.

“Pero para eso se necesita asignar esa responsabilidad a compañías afianzadoras serias, económicamente estables, que cuenten con reservas técnicas suficientes, y no a empresas patito, como Atlas y Chubb, como las que pretende beneficiar Rogelio Padrón”, concluyó.