Fundamental fortalecer capacidad de registros catastrales

  • Los ayuntamientos no recaudan ni la mitad del impuesto predial que podrían obtener

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 20 de Febrero de 2020.- Debido a que la hacienda municipal depende 70 por ciento de las transferencias de la Federación, en los estados sólo 21 por ciento proviene de ingresos propios y  el predial contribuye en apenas 8.8 por ciento a los ingresos públicos, es importante fortalecer la capacidad institucional de los registros catastrales, afirmó el diputado independiente Juan Carlos Soto Ibarra.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos abundó que también es importante fomentar la relación entre gobierno y contribuyentes,  así como considerar que la gestión del predial y su proceso de cobro deben estar aislados de consideraciones políticas y ser el resultado de un ejercicio técnico.

Por ello, dijo, la Legislatura local coadyuvará a para la construcción de la Ley General en Materia de Armonización y Homologación de los Registros Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y Catastros del País, que se aplicará en todos los municipios y ciudades del país donde existe la urgente necesidad de regular el mercado inmobiliario para fomentar la vivienda pública y buscar formas alternativas de producir y gestionar entornos habitables.

“Los registros catastrales son un importante instrumento para la gestión sustentable de los asentamientos humanos, pues permiten conocer los bienes inmuebles de un territorio, registrar sus características, determinar su valor y conocer su situación jurídica, todo encaminado a la captación de recursos a través del cobro de impuestos”, añadió.

Soto Ibarra precisó que el proyecto de ley debe estar encaminado a la generación del modelo de ciudad sostenible e incluyente, centrada en las personas, que reduzca la desigualdad social y territorial heredada de modelos urbanos basados en el desarrollo económico que desfavorece a las clases trabajadoras.

“El Congreso local ya aprobó que se garantice el derecho humano a la ciudad, que reclama la función social de la propiedad y la ciudad, espacios públicos de calidad, vínculos rurales-urbanos equilibrados y sostenibles, una economía diversa e incluyente, una ciudadanía inclusiva con mayor participación política y derechos relacionados con la no discriminación, así como la igualdad de género y la diversidad cultural”, finalizó.

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