Un grupo de especialistas pidió al Senado de la República no aprobar en este periodo de sesiones la Ley General de Archivos, porque la iniciativa contiene elementos de “regresión democrática” y censura, al otorgar la rectoría de esta materia a la Secretaría de Gobernación (SG).

De prosperar la normatividad en los términos propuestos, dijeron, la nación sufriría un atraco tanto o más grave que los cometidos recientemente por gobernadores.

Ello equivale también a someter los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción a la dirección de la SG.

De no atender el conjunto de preocupaciones mencionadas, alertaron, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernación, legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria a los derechos fundamentales como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los sistemas nacionales de Transparencia y combate a la corrupción.

Uno de los puntos con mayor repudio es la inclusión, en la actual Ley Federal de Archivos (la que se prepara en el Senado es una Ley General), del concepto de “archivos históricos confidenciales” lo cual significa, en los hechos, la restricción de versiones públicas de los documentos clasificados de esa manera, bajo el argumento de protección a datos personales.

Lamentaron también que para 2017, la Secretaría de Hacienda haya hecho “desaire” al AGN, al recortar significativamente su presupuesto.