Jesús Belmont Vázquez
Sin violencia
• Verdadera igualdad de género
• Erradicar agresiones a mujeres
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados bajo el liderazgo del perredista Francisco Martínez Neri, ratificó su decisión de que en la sesión del día de hoy se privilegien los dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género que quedaron pendientes el jueves pasado relacionados con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Emilio Salazar Farías, diputado del Partido Verde, celebró el apoyo al dictamen por el que se establece que los tres niveles de gobierno tendrán organismos específicos para asumir la responsabilidad de la defensa de las mujeres frente a la violencia ejercida en su contra.
El legislador señaló que con el dictamen por el que se adiciona un artículo 50 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estarán dando pasos firmes para erradicar la violencia en contra del género femenino desde el ámbito de gobierno más cercano a la gente.
Salazar detalló que la reforma planteada logra la incorporación del Sistema Municipal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y suma su contenido al Sistema Estatal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El legislador celebró el respaldo unánime de los integrantes de su grupo parlamentario, pues se manda un mensaje claro de que el Estado mexicano tiene el firme compromiso de generar políticas públicas en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera igualdad y paridad de género.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara Baja, dijo que esta política pública fue puesta en marcha en su estado natal, Chiapas, durante la actual administración del gobernador Manuel Velasco Coello, ya que instaló 122 Consejos Municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Sobre el tema, la diputada panista Arlette Muñoz Cervantes informó que promueve una reforma de ley que obligue a los estados a diseñar y adoptar programas que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en los sectores público y privado.
La legisladora presentó una iniciativa que plantea reformar los artículos 6 y 11 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cuyo dictamen –afirmó– será también discutido en la sesión de hoy.
“Se propone tipificar la desigualdad salarial como un acto de violencia económica por parte de los empleadores”, precisó.
En su opinión, la participación de la industria privada y las instituciones de gobierno en la construcción de ambientes laborales que valoren las capacidades antes que las cuestiones de género, debe acompañar estos cambios en la ley.
Muñoz Cervantes comentó que en México las mujeres ganan 20 por ciento menos que los hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y esta diferencia aumenta hasta 40 por ciento en puestos directivos y de gobierno.
Recordó que organismos, como la American Chamber of Comerce of México, señalan que en nuestro país la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta hasta en un 40 por ciento cuando se trata de puestos directivos y de la administración pública.
“En México una mujer en una dirección de gobierno gana entre 50 y 60 mil pesos, en tanto que un hombre llega a ganar entre 80 y 90 mil pesos”.
La panista expresó su preocupación por que en los dos últimos informes del Foro Económico Mundial sobre brecha salarial que evalúan a 144 naciones, México avanzó únicamente seis lugares, en dos años (de la posición 71 a la 66), lo que pone evidencia la poca atención que prestan al tema el Estado mexicano y las empresas.
“Una iniciativa de esta naturaleza puede contribuir significativamente a la reducción de esa brecha salarial, si es acompañada además de mecanismos de promoción e inclusión laboral para las mujeres, así como una mayor transparencia en los esquemas de remuneraciones y la promoción de una cultura de igualdad al interior de las áreas de trabajo”, dijo Muñoz.
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