• Quien incumpla obligaciones familiares no podría ser candidato a cargos públicos

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 30 de Julio de 2020.- El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, integrante de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa que tiene como propósito que las personas con antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual y/o delitos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, o que tengan antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como agresor por el delito de incumplimiento de obligaciones, no puedan ocupar cargos públicos en el Estado de México.

Al presentar la iniciativa para reformar diversos ordenamientos legales que regulan a la entidad, explicó que el Estado Mexicano se ha concentrado en responder a la violencia en contra de la mujer entre particulares, sin embargo, hace falta ver hacia el interior de las propias instituciones públicas, principalmente en las fiscalías, los cuerpos policiales y en quienes imparten justicia.

«La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, entre quienes se encuentran los propios servidores públicos. En el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, pero en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones», resaltó.

Gutiérrez Cureño destacó que la propuesta retoma el trabajo del colectivo Las Constituyentes CDMX, que ha encabezado a nivel nacional la iniciativa «3 de 3 Contra la Violencia”, donde proponen como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género, pues deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario.

«Las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia», advirtió.

Resaltó que si bien la iniciativa comprende a todos los servidores públicos de la entidad, hace énfasis en el Gobernador, diputados, integrantes de los Ayuntamientos, titulares de las dependencias, organismo y entidades del Ejecutivo Estatal, Fiscal General de Justicia, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, así como a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

También, dijo, contempla al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, defensores públicos, Consejeros Electorales, Magistrados Electorales, Contralores, además de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Finalmente, indicó que el fin es abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzcan en una democracia representativa de manera sustantiva, para que los mejores hombres y mujeres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública.