Grupo Puntual / Redacción

TOLUCA, México, 28 de Junio de 2020.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Julio Hernández Ramírez advirtió que la entidad mexiquense requiere un organismo de derechos humanos fortalecido, con capacidad para dar seguimiento a los frecuentes casos de detenciones arbitrarias por parte de autoridades estatales y municipales.

Durante su participación en el “Foro de Tortura y Protocolo de Estambul, Hacia una Ley de Amnistía que sirva en el Edomex”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el legislador apuntó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha fallado en dar una atención oportuna de aquellas personas detenidas y recluidas de manera irregular.

Precisó que en la comisión legislativa que preside, ha recibido al menos 200 solicitudes, de oficios, familiares de víctimas y representantes de asociaciones civiles que a su vez han recibido  quejas contra actos de autoridad en los reclusorios de Chiconautla, Chalco y Texcoco, así como de habitantes de los municipios de Ecatepec Nezahualcóyotl, La paz, Ixtapaluca Chimalhuacán, Chicoloapan Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca entre otros.

Recordó que en la Legislatura hay en estudio tres iniciativas para conformar la Ley de Amnistía del Estado de México, y se hará una discusión minuciosa con la participación de víctimas, familiares y colectivos, en busca de generar los mejores mecanismos para defender los derechos humanos de quienes por su condición de vulnerabilidad, cultural, social y económica, están en prisión, sin ser culpables.

Sin embargo, también lamentó que hoy la Codhem ha resultado omisa en el apoyo de víctimas, por lo que se requiere un organismo fuerte y capaz, que sea pieza clave en el apoyo a personas víctimas de injusticia y a sus familias.

“Nos encontramos con una Codhem que no ha dado los resultados que muchos quisieran debido al tamaño del aparato que tenemos, debiera servir para defender todos los derechos de aquellas personas que ahorita están de manera injusta presas”, refirió.

En el foro, Antonio Candelaria relató que su hijo está preso desde hace más de 5 años de manera ilegal en el penal de Barrientos, pues una tarde cuando acudía al centro Comercial Mundo E, fue levantado por personas vestidas de civil afuera de este sitio, y tres días después apareció en un penal de Nayarit acusado de secuestro, delincuencia organizada y extorsión.

El joven fue torturado y severamente golpeado durante su detención; tras numerosas audiencias se desecharon los cargos de secuestro y delincuencia organizada, pero mantuvieron la acusación de extorsión; fue trasladado al penal de Tlalnepantla, donde aún permanece recluido, en un juicio plagado de irregularidades, y pese a que se le aplicó el Protocolo de Estambul para probar la tortura que sufrió.

“A mi hijo lo torturaron, le pegaron, le pusieron toques, le pusieron la pistola en la cabeza y amenazaron que lo iban a matar. Lo único que pedimos es justicia, que revisen el caso, no han dado seguimiento a la carpeta de investigación por tortura, allá dentro está muerto en vida, lleva 5 años 3 meses en el penal”, apuntó.

Jorge de la Peña, psiquiatra, especialista en Tortura, y asesor de la ONU en la materia, aseveró que la tortura en México sique siendo una práctica recurrente, sin embargo existe un gran desconocimiento de los policías, jueces y magistrados sobre el Protocolo de Estambul, y requieren capacitación en derechos humanos.

De acuerdo con el experto, la tortura se genera para que una persona diga “una verdad” que sus agresores quieren, y para ello utilizan el sufrimiento físico y mental, a través de diversas prácticas como golpes, toques eléctricos y amenazas.

Leonel Rivero, abogado y Coordinador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C. reiteró que la tortura es una práctica sistematizada, desde el nivel local hasta el federal.

“La tortura es institucional en este país, empieza desde el momento de la detención de la persona, sujeta a crueles tratos por quienes lo detienen, el médico legista certifica que el detenido está en perfecto estado de salud, el MP valida que está bien, la persona detenida acepta, el juez solo voltea para otro lado y finge no ver los golpes”, denunció el abogado.

Y lamentó que muchos abogados también desconocen los mecanismos y procedimientos para actuar en casos de tortura.

Uno de los recientes casos de prisiones injustas fue el del violinista, Don Lucio Yánez García, un adulto mayor que estuvo preso un año en Chiconautla, por enfrentar a un asaltante que intentó despojarlo del violín, fuente de su sustento.

Tras hacerse público el caso y por la presión mediática, de organizaciones y legisladores, fue liberado. Sin embargo, prevalecen numerosos casos como el de José Juan Mejía Martínez, quien sigue preso en Chiconautla desde 2015, acusado de robo con violencia a un transeúnte, debido a un proceso legal plagado de vicios, pese a que la víctima negó que él fuera responsable.