MENOS LAVADORAS Y MÁS HUMANISMO PIDEN LOS EXPERTOS

 

GRO10510099. Chilpancingo, Guerrero.- No todas las madres mexicanas festejan el 10 de mayo. Para muchas de ellas, la pobreza las lleva a sobrevivir, sin importar el día en que se encuentren o la fecha que marca el calendario. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRINO GONZÁLEZ/AGR/HUM/

El aumento de pobres en México, que pasó de 52.8 millones en 2010 a 55.3 millones en 2014, se explica principalmente por el modelo económico, la concentración de la riqueza y el fracaso en el diseño e implementación de las políticas públicas que deben ofrecer acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades en todas las regiones del país, afirmaron investigadores universitarios.

En conferencia de prensa efectuada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Adolfo Sánchez, Iliana Yaschine y César Armando Salazar coincidieron en señalar que si se quiere cumplir con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la reducción a la mitad de la pobreza para 2030, el gobierno mexicano debe reformular las políticas que ha instrumentado a la fecha con políticas económicas, fiscales y sociales que generen resultados redistributivos.

Sánchez Almanza destacó que en carencias sociales hay ligeros avances en la cobertura de servicios de salud, educación, vivienda y servicios públicos básicos, sin embargo, subsisten rezagos en alimentación, empleo, salario real, seguridad social y cohesión social.

Explicó que la pobreza es una clara manifestación del incumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los económicos y sociales. Este fenómeno, añadió, se constituye como uno de los más graves que enfrentamos. La pobreza se asocia con hambre, desnutrición, morbilidad, baja escolaridad, falta de acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de desarrollo económico y social.

Subrayó que la mejor política de combate a la pobreza será aquella que incentive verdaderamente las actividades productivas y que genere ganancias de productividad; que además incluya una decidida política salarial que incremente el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, y su acceso a servicios de salud y educación, así como reducción de la vulnerabilidad en la edad de retiro y en el desempleo.

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