Mario Alberto Falcón Correa

El gatopardismo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción

Desde la ignorancia legislativa y el autoritarismo gubernamental, es difícil entender que el combate a la corrupción galopante, no es una concesión ni un regalo de la clase gobernante.

Es un reclamo de la sociedad en el tono más fuerte, en uso de su derecho legítimo a la transparencia y a la rendición de cuentas de todos los actos del poder público, de la iniciativa privada, de los partidos y de las organizaciones sindicales como sujetos obligados por la Ley.

Tampoco se entendió en el Estado de México el espíritu y la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción y mucho menos, se observaron con rigor jurídico y ética, los procedimientos de creación de esta instancia y la designación del Fiscal Anticorrupción.

Con la aprobación por el Congreso de la Unión del Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Enrique Peña Nieto convocó a los gobernadores a homologar su legislación y nuevas instituciones con las de orden federal.

A ja vieja usanza, la ovejuna legislatura aprobó fast track el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tal y como lo envió el Ejecutivo, sin atreverse a cambiar una coma o un punto.

El documento careció de debate parlamentario y mucho menos se abrió a la discusión de la sociedad organizada, como ocurrió en el Congreso de la Unión.

Los ciudadanos, como principales impulsores del Sistema, fueron relegados por sus propios representantes y para atender la urgencia de una administración que agoniza y busca un salvoconducto, la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, en lo oscurito, designó al Fiscal Anticorrupción con lujo de autoritarismo y desprecio por la ética política.

Cumpliendo “instrucciones de arriba”, el Presidente de la Jucopo, Juvenal Cruz Roa, reunió en un restaurante-bar de Santa Fe a los coordinadores de las fracciones parlamentarias y al calor de selectas viandas y finos vinos, les presentó al abogado José de la Luz Viñas Correa como el primer Fiscal Anticorrupción.

Maiceados como siempre, los líderes de las bancadas no objetaron la forma y mucho menos el fondo de la sospechosa maniobra.

Ungido como Fiscal Anticorrupción, José de la Luz no tuvo empacho en decir que “como una cortesía” visitó a los diputados, mostrando nuevamente su desaire a la “representación popular”.

Lo peor vendría después, cuando el Fiscal General –designación también atípica- en petit comité le “tomó protesta” a José de la Luz y a dos damas que lo acompañaban sin saberse de su presencia, cuando es una posición que debió avalar la Legislatura y en el Pleno, realizar la toma de protesta.

Sorpresivamente, José de la Luz dijo a los periodistas que su primer acto sería un diagnóstico al interior de la Fiscalía General –antes Procuraduría y la evolución de la Fiscalía Especializada de delitos cometidos por Servidores Públicos, con sus 21

mesas de trámite, lo que antiguamente se conocía como Dirección de Responsabilidades, donde campea la extorsión a los policías, agentes del Ministerio Público, peritos y funcionarios menores con mal comportamiento.

Esto es alarmante. Por un lado indica que don José de la Luz siente que le debe la chamba al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, que es su jefe y debe realizar un diagnóstico institucional que el antiguo Procurador le debe a la sociedad.

Qué no tiene la menor idea de las funciones del Fiscal Anticorrupción y que desconoce el gazapo jurídico llamado Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Además, los serviles diputados esperan que el Ejecutivo les mande una lista de los Magistrados que se integrarán al sistema, cuando la Cámara debió convocar primero a los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana que habría de seleccionar a los aspirantes a Fiscal y a los Magistrados y olvidar el arcaici método del dedazo.

En este casi no existió un procedimiento claro para elegir, no designar, al Fiscal Anticorrupción. Tampoco uno específico y legal para la ratificación por parte de los legisladores, pues sólo se cumplió con los mínimos requisitos. Por ello será necesario hacer reformas para alcanzar los máximos legales.

Esta situación no da certeza jurídica ni política a los ciudadanos, por tanto, admitió que los legisladores quedaron a deber frente a la construcción de instituciones y procedimientos que de garantía de la transparencia y anticorrupción.