Activistas como María Elena Morera, Alejandro Hope, Eduardo Bohórquez y Claudio X. González, entre otros y alrededor de 80 organizaciones civiles, así como 197 personalidades de la política, el sector empresarial, de los derechos humanos y la cultua solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el gasolinazo, así como un plan para enfrentar la llegada del Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Pidieron ampliar el acceso a la información del ejercicio del gasto público, especialmente el que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.

Los firmantes también solicitaron a la Secretaría de Economía un plan de contención, ante la posibilidad que se vayan más inversiones o se deje de invertir en México, por Trump.

A la PGR la urgieron a solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información que permita sancionar en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias y reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con Pemex.

Criticaron que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población, porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias del alza a los precios del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores.