El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reafirmó la determinación del gobierno federal de resolver el conflicto magisterial con respeto irrestricto a la ley y sin dar marcha atrás a la reforma educativa.

Subrayó que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue adelante y, una vez que se alcance una solución, lo discutido y acordado se transparentará ante la sociedad.

Nuño afirmó que el nuevo modelo educativo va más allá de un gobierno y representa un proyecto de Estado transexenal para generar una plataforma de desarrollo centrada en la educación.

En su reunión de trabajo con líderes parlamentarios y legisladores integrantes de la Comisión de Educación en el Palacio de San Lázaro, el secretario dijo que la propuesta de modelo educativo es un documento acabado, pero no definitivo, y reafirmó la disposición a escuchar la opinión de los diversos sectores involucrados.

Sostuvo, en ese sentido, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido invitada a participar en los foros de discusión del nuevo modelo educativo, pero hasta el momento no ha respondido a la convocatoria.

En su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, llamó a la Secretaría de Educación Pública a realizar una consulta lo más incluyente posible sobre el nuevo modelo educativo, no sólo con la participación del magisterio, sino de los diversos sectores de la sociedad civil, los padres de familia, la academia, los diferentes órganos de gobierno y todos aquellos que ayuden a fortalecer el debate y enriquecer la propuesta.

El coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, refrendó a su vez el respaldo absoluto de su partido a la reforma constitucional en materia educativa.

El líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, cuestionó a su vez el caos y el desorden generado por las protestas de la disidencia magisterial contra la reforma educativa en diversos estados y dijo que el gobierno federal está «completamente rebasado» en la materia.

«Para Acción Nacional, la ley no se negocia ni se sujeta a chantaje, (sino) se cumple; la actitud omisa y complaciente del gobierno federal ha dañado seriamente el Estado de derecho y lo que empezó con marchas, con bloqueos, hoy se ha convertido en una totalidad incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el libre tránsito, un problema que ya lleva más de 90 días», acusó.
Sostuvo que el PAN apuesta al diálogo, pero advirtió que éste no es posible si persisten las amenazas.

El jefe de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, insistió en la demanda de revisar la reforma educativa y calificó de insuficiente una consulta de tres meses.