• Revelan presunta cadena de corrupción que tiene como víctimas a madres que luchan legalmente por la custodia de sus hijos

Grupo Puntual / Carlos Moreno Carreto

TOLUCA, México, 8 de Septiembre de 2021.- Con 100 mil pesos en el Estado de México es posible lograr una sentencia favorable para reclamar la patria potestad sobre uno o dos hijos. Al menos eso es lo que asegura Alejandro Rubén Aparicio González, servidor público del Poder Judicial del Estado de México, quien en “sus tiempos libres” se dedica a traficar influencias para conseguir millonarios ingresos vía la “venta de sentencias”.

La denunciante, a quien para proteger su identidad por temor a represalias llamaremos “Perla”, pero que está planamente identificada y cuyos testimonios están grabados en audio y video en poder de Diario Puntual, presentó a este medio de información pruebas irrefutables como depósitos a la cuenta bancaria personal del servidor público del Poder Judicial, de los pagos que ella le ha realizado para intentar recuperar la patria potestad de su hijo, menor de edad, a quien su ex esposo arrebató en un juicio presumiblemente también plagado de irregularidades y “corrupción”.

El señalado, Alejandro Rubén Aparicio González, aparece en el sistema información pública sobre el personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con el cargo de Subdirector, perteneciente a la Unidad de la Judicatura, y percibe un salario quincenal de 11 mil 521 pesos con 58 centavos, más una gratificación de 7 mil 019 pesos con 21 centavos.

Sin embargo, los mayores ingresos económicos Alejandro Rubén Aparicio González los recibe “por fuera”, para lo cual capta casos “extremos” en los que mujeres pelean legalmente la custodia de hijos, y, una vez ubicadas con base en la información personal que ellas presentan en los juzgados para sus actuaciones, incluso copias de credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), comprobantes domiciliarios y otros, él contacta a las mujeres y a partir de eso les ofrece sus servicios como “interventor” ante los juzgados para lograr sentencias favorables para el objetivo principal de cualquier madre: reunirse con sus hijos.

La señora “Perla” relató a Diario Puntual que ella fue contactada después de casi 3 años de juicio por la patria potestad y custodia de su hijo, quien actualmente tiene casi 9 años.

“A mi me llamó por teléfono. Me sorprendí, lo primero que le pregunté fue ¿cómo consiguió mi teléfono. Él me respondió que tiene muchas influencias y que, por el cargo que desempeña en el Tribunal Superior de Justicia, tiene acceso a prácticamente cualquier expediente que se esté atendiendo en cualquier juzgado del Estado de México”, explicó.

“Luego hicimos una cita. Yo lo cité en un café del centro de Toluca, para evitar estar a solas con alguien que no conozco, y cuando llegó prácticamente me contó todo mi caso. Se lo sabía de memoria, por lo que le creí. Nadie me pudo haber relatado tantos detalles de mi caso. Entonces ya me dijo que él podía incidir, primero, para que el caso se acelerara, porque por la pandemia de Covid mi asunto se ha ido retrasando, y luego dijo que a final de cuentas él me garantizaba que la sentencia sería a mi favor, que había que darle algo a la juez que lleva el asunto, pero que al final de cuentas yo iba a ganar el juicio”, añadió.

“Perla” comentó que para tratar de garantizar de alguna manera que no se tratara de cualquier tipo de fraude, ella le pidió que le demostrara que él podía agilizar el juicio, y le dijo que le adelantaría la siguiente cita que tenía programada para dos meses después, y sí lo hizo, la siguiente audiencia se realizó 20 días después.

“Entonces ya le creí y comenzamos a hablar de dinero. Él Me pidió en principio 250 mil pesos, pero obviamente yo le dije que ni en sueños podía disponer de esa cantidad. Luego dijo que me iba a ayudar, que por ver a una madre sufriendo me iba a hacer un descuento, y entonces quedamos en 150 mil pesos. El primer pago se lo hice como a los ocho días, y el segundo 15 días después, y después de eso se comenzó a agilizar mi asunto, y en las audiencias era evidente que había cambiado la postura de la jueza, ahora prácticamente me daba la razón en todo y era de suponerse que si así iban las cosas, la sentencia iba a ser a mi favor”, detalló.

“Por eso seguí haciéndole pagos, algunos más chicos, porque el dinero se me agotó, y fue cuando me dejó, como yo no podía depositarle, pues primero me habló dos o tres veces para reclamarme que por qué había dejado de cumplirle, y luego, cuando volví a intentar pedirle un plazo para dar el dinero que faltaba, ya no me contesto. Ya para eso ya le había dado más de 100 mil pesos”, recordó.

Hasta la fecha de esta publicación el juicio de “Perla” sigue vigente, pero a partir de que dejó de pagar las audiencias se aplazaron, se suspendieron, y cada vez se ve más lejana la conclusión y emisión de la sentencia definitiva.

“Es claro que hay muchos involucrados en estas maniobras. No se trata solamente de Alejandro Rubén Aparicio González. Para que ese negocio funcione deben estar de acuerdo desde el juez, este tipo que es el que consigue los clientes y hasta la secretaria del juzgado, porque finalmente ella es quien agenda las audiencias, y lo hace a su gusto, igual le da citar a 15 días que a 3 meses después. Ahí todo se mueve con dinero”, concluyó.

La afectada consideró que acabar con esa cadena de corrupción será casi imposible, porque seguramente el dinero que se obtiene de esa forma de corrupción llega “hasta los de arriba”, pero hizo un llamado al Consejo de la Judicatura del Estado de México, a su presidente, Ricardo Sodi Cuellar, para que se investigue y por lo menos le ayuden a que le devuelvan su dinero, o, “ya de menos, me den la sentencia a mi favor, como me lo prometieron”.