Grupo Puntual / Arturo Baena
HUIXQUILUCAN, México, 17 de Febrero de 2019.- Ante el recorte presupuestal de casi el 50 por ciento al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos, anunciado por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el diputado local de Acción Nacional por el distrito XVII, José Antonio García García, aseguró que esta decisión impactará de manera negativa en los derechos de los menores de edad y sus familias.
En entrevista, al finalizar las reuniones con habitantes de diversas comunidades de esta localidad en su oficina de Enlace Ciudadano, donde entregó, entre otros apoyos, una andadera a la señora María de la Luz Morales, vecina del barrio San Miguel, expresó su preocupación de que esta estrategia disminuya más de dos mil millones de pesos a este programa, restringiendo el derecho a la educación y estimulación temprana y a vivir en condiciones de bienestar con un sano desarrollo integral para niñas y niños.
El legislador panista señaló que esta postura puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en su economía, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación o de familiares, lo cual constituye un riesgo para su seguridad e integridad de los menores.
Más de nueve mil estancias en el país están en riesgo, de las cuales mil 193 se encuentran en el Estado de México, por lo que educadoras y trabajadoras de estancias infantiles se manifestaron en diversas plazas públicas para solicitar audiencia con autoridades federales y plantear su propuesta para evitar el recorte de los recursos.
La Organización de Naciones Unidas reconoció a las estancias infantiles de México como uno de los mejores programas dirigidos a la población infantil, ya que los menores reciben alimentos sanos de calidad y a tiempo.
José Antonio García indicó que el hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos, no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.
Finalmente, enfatizó la necesidad que las autoridades ponderen si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de los menores en primera infancia, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.
