Por: José Contreras Contreras
El fracaso de las Bases de Operaciones Mixtas
Hace poco más de año y medio, siendo todavía gobernador del Estado de México, se anunció con bombo y platillo la creación de las llamadas Bases de Operaciones Mixtas, las cuales han costado millones de pesos en estos más de 18 meses y sus resultados son poco menos que “insignificantes”, lo que permite prever que ese modelo agotó sus alcances y está condenado a la extinción en el corto plazo.
Las Bases de Operaciones Mixtas no son más que campamentos conjuntos donde se conjuntas elementos, vehículos y armamento de instituciones de seguridad y procuración de justicia de los ámbitos federal, estatal y municipal para, se supone, disuadir el delito y atacar los puntos “conflictivos” que previamente se detectaron.
En esas Bases de Operaciones Mixtas están acampados soldados del Ejército Mexicano, marinos de la Secretaría Armada de México, policías federales, agentes ministeriales de la federación y del Estado de México, policías estatales y municipales.
En el casi del Estado de México las Bases de Operaciones Mixtas se ubicaron en aquellos municipios que presentaban mayores índices de frecuencia delictiva, por ejemplo en Toluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Valle de Chalco Solidaridad, Tlalnepantla, Naucalpan, entre otros, y su función, se supone, es vigilar que no ocurran delitos pero, al mismo tiempo, atacarlos a fondo.
Se supone que esas Bases de Operaciones Mixtas, más allá del patrullaje que buscaba inhibir o “espantar” a los delincuentes, tendrían que realizar operativos conjuntos constantes en busca de objetivos delictivos, ejecución de órdenes de aprehensión e incluso cateos a inmuebles en los que se presume se cometen delitos, entre ellos los antros, los públicos y los que operan en la clandestinidad.
Los ayuntamientos mexiquenses quedarán quebrados y endeudados por mantener las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) que resultaron un fracaso,
Pero muy poco de todo eso ha resultado cierto. Las Bases de Operaciones Mixtas resultaron un fracaso más en una “estrategia” que en materia de seguridad pública ha dado nulos resultados a la población.
Lo peor de todo es que esas famosas Bases de Operaciones Mixtas cuestan, tienen un altísimo preciso y, en efecto, no se pagan solas. Resulta que en el supuesto esfuerzo federación-estado-municipios se les ocurrió que quienes debían enfrentar el costo de la operación de esas famosas bases eran los municipios, y al paso del tiempo éstas se convirtieron en un muy mal negocio para los ayuntamientos a los que se supone beneficiarían.
Y se supone que se les beneficiaría dado que la idea era que la presencia de todos esos elementos militares, ministeriales y policiales ahuyentaran a los delincuentes y los hicieran prácticamente salir corriendo de sus municipios, con lo que los ayuntamientos “quedarían bien” ante los ciudadanos por un presunto avance en materia de seguridad, lo cual también se traduciría para los alcaldes en mejor percepción ciudadana y un pase automático a la reelección. Todo eso no resultó como estaba planeado.
Ni los delincuentes salieron corriendo de los municipios que registraban problemas de inseguridad, ni hubo buenos resultados en el combate al delito, ni mucho menos los presidentes municipales lograron los resultados deseados en materia de percepción ciudadana sobre la inseguridad y, mucho menos, les benefició en materia electoral con miras a la reelección.
Los presidentes municipales accedieron en primera instancia a hacerse cargo de los gastos de operación de las bases y tuvieron que poner a su disposición sitios donde pudieran concentrarse las fuerzas de seguridad, lo que implicó perder predios, inmuebles públicos y hasta, en algunos casos, tener que construirlos con la infraestructura necesaria para su eficiente operación.
Pero fue mucho más que simplemente dar un sitio donde estuvieran apostados los militares, ministeriales y policías preventivos federales, estatales y municipales, tuvieron que darles de comer, lo cual no es poca cosa, pues en las Bases de Operaciones Mixtas hay desde hace más de año y medio, en promedio, de 35 a 40 personas las 24 horas del día. Entonces, saque usted la cuenta de lo que representa dar de desayunar, comer y cenar a unas 40 personas todos los días.
Para el caso de militares, marinos y policías federales, tanto ministeriales como preventivos, en la mayoría de los casos se tuvo que disponer de hoteles prácticamente enteros para su estadía, por eso usted puede ver, por ejemplo en Toluca, los hoteles Don Simón o el que está a un lado del jardín Zaragoza, siempre llenos de policías federales y agentes ministeriales, donde duermen, se bañan, e incluso comen con cargo al erario municipal.
Los transportes no se mueven por obra del Espíritu Santo, por el contrario, todo el gasto de combustible también corre a cargo de los ayuntamientos «beneficiados”, lo cual hoy suma textualmente millones de pesos en gasolina y diésel para patrullas, camiones y hasta tanquetas militares.
Todos esos gastos se convirtieron en una pesada carga para las administraciones municipales que se supone, por lo menos, recibirían a cambio tranquilidad y seguridad para los habitantes, lo cual sinceramente no ocurrió en ninguna latitud.
El mejor ejemplo del fracaso en cuanto a resultados de esa estrategia de las Bases de Operación Mixta se puede observar precisamente en Toluca, específicamente en la colonia El Seminario, donde el ayuntamiento local tuvo que hacer una importante inversión para adecuar la instalación que ocupan en la entrada principal de esa conflictiva concentración urbana, donde desde hace muchos meses están apostados los militares y policías, y no por ello se ha reducido en lo más mínimo la frecuencia delictiva.
Por el contrario, El Seminario no solamente sigue siendo una de las colonias más peligrosas de Toluca, sino que ésta se ha convertido en uno de los llamados “focos rojos” ahora por la disputa del territorio, y el mercado de consumo local de estupefacientes, entre bandas perfectamente identificadas a las cuales la policía, el Ejército y La Marina las tienen perfectamente ubicadas, pero simplemente no les hace nada, siguen ahí, no solamente viviendo, sino operando a diestra y siniestra, “tirando” drogas en pequeñas cantidades para el cada vez más alto consumo de la población local, principalmente niños y jóvenes, sin que eso cambie en lo mínimo, a pesar de lo costoso que ha resultado la Base de Operaciones Mixtas que ahí se ubica.
Lo mismo pasó en Nezahualcóyotl, en Tlalnepantla o Ecatepec, donde las Bases de Operaciones Mixtas parece que solamente pasaron a ser parte del paisaje urbano, sin que su presencia diera el más mínimo resultado en materia de combate a la delincuencia.
Por ello es urgente un cambio de estrategia, una reconsideración del cómo se están haciendo las cosas en materia de prevención y combate al delito, pues es un hecho que los esquemas instrumentados durante la actual administración federal y la anterior estatal simplemente no arrojan ningún avance en beneficio de los ciudadanos.
Lento, muy lento…
Otra de las estrategias gubernamentales que parece no ofrecer los resultados deseados parece ser la de renovación del parque vehicular del sistema de transporte público en el Estado de México. La semana pasada se entregaron en Nezahualcóyotl las primeras mil unidades “renovadas”, la mayoría nuevecitas, dotadas de tecnología de última generación para ayudar en el combate del delito a borde de ese tipo de unidades.
Y qué bueno que ya se tengan las primeras mil unidades modernas de transporte público, porque por lo menos en éstas ya será más difícil cometer robos y asaltos, o por lo menos se tendrán elementos para investigar los que ocurran e ir detrás de los delincuentes.
No obstante, hay quienes consideran que este proceso de “renovación” del transporte público mexiquense no tiene para cuándo terminar. Estamos hablando de un universo superior a las 20 mil unidades legales, con registro, con concesión, más un universo quizá de la mitad de ilegales, las cuales operan como si nada, sin documentos, sin concesión, y al amparo de presuntos líderes del transporte que con tal de ganar dinero son capaces de vender a su misma madre.
Renovación del transporte, un cuento que parece no tener final.
Si en casi un año de la gestión estatal se están renovando las primeras mil unidades de transporte público, podríamos prever que necesitamos otros 19 años para concretar la renovación de las 19 mil unidades que faltan en este proceso, lo que evidentemente supera cualquier expectativa sexenal y, por lo tanto, será imposible de concretar el resultado definitivo al que se aspira.
Pretextos sobran, y los hay del lado de la autoridad que culpa a los empresarios del transporte de negarse a invertir para sacar adelante el proceso, y del lado contrario los transportistas dicen que es mucho lo que se les exige para tener las unidades en orden, nuevas, con la tecnología necesaria como botones de pánico y cámaras de video vigilancia al interior.
Según los datos que hizo circular la secretaría de Movilidad, donde el titular es Raymundo Martínez Carbajal, “El Mil Chambas”, quien de ser experto en educación pasó a ser experto en asuntos legislativos para luego hacerse “experto” en transporte, se supone que se requiere una inversión-promedio-diario de 150 pesos para tener un autobús en excelentes condiciones, con concesión y permisos al corriente y con tecnología de vanguardia que facilite la previsión y combate del delito al interior de las mismas.
Pero los transportistas dicen que eso no es cierto, que se les está exigiendo una inversión superior a los 50 mil pesos por unidad, solamente para el equipamiento, además de lo que cuesta la unidad por si misma y todos los permisos y trámites que se tienen que pagar para que ésta se mantenga en orden.
Puede que ambas partes tengan razón, unos porque es mucho lo que se les exige y poco lo que reciben a cambio de sus autoridades, comenzando por el ineficiente servicio de seguridad pública, lo cual lamentablemente les afecta a ellos como a cualquier otro cristiano de esta entidad, pues los choferes y permisionarios desgraciadamente no son los únicos que enfrentan la inseguridad y la actividad delictiva producto de lo mismo.
En tanto, la autoridad evidencia que no ha sido capaz de llegar a sanos acuerdos con los permisionarios del servicio, pues además de los problemas de pesos y centavos está la causa de atención y servicio ineficiente que se presta. Algunos de los transportistas han presentado pruebas fehacientes de que ellos iniciaron sus trámites de regularización desde octubre pasado, es decir, desde el año 2017, y todavía para agosto del 2018 siguen esperando respuesta de la autoridad.
Es decir, se les exige mucho, pero cuando quieren cumplir con los trámites a los que están obligados por la norma tampoco encuentran a una autoridad capaz de atender puntualmente dichos trámites.
Una más de Carlitos…
Juan Manuel Corona, “El Grillo Mayor”, con más de 35 años de trayectoria profesional en Radio Mexiquense, creador, promotor y columna vertebral del programa radiofónico Grillos Madrugadores, que es algo de lo poco bueno que se conserva en el sistema estatal de Radio y Televisión Mexiquense, fue impedido ayer para acceder a la que ha sido su casa por más de la mitad de su vida.
Cuando llegó a la caseta de vigilancia de Radio Mexiquense, como todos los días, de lunes a viernes desde hace más de 35 años, se identificó y dio sus pasos para acceder a su fuente laboral, y fue entonces que un vigilante le dijo que tenía “órdenes superiores” de no dejarlo pasar. ¿Por qué? Preguntó desconcertado, y lo único que recibió como respuesta fue: “tengo órdenes”.
El mismo Juan Manuel Corona tomó su teléfono celular, ingresó a su cuenta de Facebook e hizo una transmisión en vivo para denunciar lo que estaba ocurriendo, lo que causó gran conmoción entre muchos de los que todos los días lo escuchan por las mañanas cuando llevan a las escuelas a sus hijos.
La reacción fue mayúscula, pues se quiera o no se trata de todo un personaje que tienen gran arraigo entre niños, jóvenes y adultos, pues hoy quienes llevan a sus hijos a las escuelas son aquellos que lo comenzaron a escuchar hace más de tres décadas por la cada vez peor frecuencia de Radio Mexiquense.
Rato más tarde los directivos de Radio y Televisión Mexiquense, cuando se dieron cuenta del escándalo que su estúpida orden había causado, se apuraron a salir por sus propios medios y redes sociales a tratar de desviar la atención y a señalar que todo se trató de “un error del vigilante”.
Sentido de Identidad, cartón del amigo Juan Padilla, sobre la «inteligente» actuación del director de Radio y Televisión Mexiquense, Carlos Alberto Aguilar Cano.
Nada más estúpido, al menos como argumento, pues solo a alguien de la capacidad cerebral del director general de Radio y Televisión Mexiquense, el señorito Carlos Alberto Aguilar Cano, se le pudo ocurrir responsabilizar al vigilante de la instrucción que ellos mismos, los directivos habían dado.
Hasta donde se sabe, el hecho de no permitir el acceso a las instalaciones de Radio Mexiquense a uno de sus fundadores de ese sistema estatal fue parte de una estrategia para cortar de tajo el programa Grillos Madrugadores y sustituirlo en breve por otra más de las “brillantes” propuestas del equipo de producción de Carlitos Aguilar.
Si no hubiera sido por el escándalo que se generó en redes sociales, principalmente en Facebook, a estas alturas del partido ya estuvieran sustituyendo ese espacio infantil cultural por una más de las tonterías que Carlos Alberto Aguilar Cano y su “genial” equipo de colaboradores han creado para darle en toda la torre a lo que queda del otrora poderoso sistema de Radio y Televisión Mexiquense.
Todo el mundo sabe que su cercanía personal es lo único que mantiene en el cargo de director general de Radio y Televisión Mexiquense a ese personaje que se hace pasar como experto de la comunicación, quien, por cierto, no ha demostrado más que incapacidad en cada sitio que pisa, desde antes, como titular de Imagen del Gobierno del Estado de México, la cual hizo pedazos, hasta ahora con el bodrio en el que ha convertido lo que en algún momento fue el mejor ejemplo de radio cultural pública del país.
Es una verdadera desgracia que a alguien como Carlos Alberto Aguilar Cano se le siga confiando una responsabilidad tan sensible como dirigir el que debería ser el principal órgano de comunicación y difusión de la actividad pública del Estado de México, sistema que por cierto ha tomado, una vez más, como parte de su patrimonio personal para seguirse enriqueciendo, a costa de los recursos públicos.
Todo el mundo sabe las fechorías que Carlos Aguilar Cano hizo cuando manejó la comunicación social del Gobierno del Estado de México, desde donde creó su propio periódico para facturarse y autorizarse así mismo carretadas de dinero, al cual también benefició desde muchas administraciones municipales priistas a las cuales colocó bajo su dominio y les ordenaba qué hacer y con quién hacerlo, claro, poniéndose él mismo en primer lugar de la fila de beneficiarios.
Una vez más sale al ruedo otra de las famosas “carladas” del señorito de Eruviel Ávila, quien ya nos podría hacer el favor de llevárselo con él al Senado o a cualquier otro lado donde deje de hacer tanto daño al patrimonio cultural del Estado de México, del cual no puede ni debe seguirse enriqueciendo, y, sobre todo, seguir destruyéndolo como el caso de su frustrado intento de correr al “Grillo Mayor”.
Ojalá que quienes tienen la responsabilidad de vigilar las erróneas acciones del director general de Radio y Televisión Mexiquense, sobre todo el secretario de Educación de la entidad y el Coordinador General de Comunicación Social de la actual administración estatal, se atrevan de una vez y por todas a poner fin a esa ya larga carrera destructiva del fanático de las tiendas de moda de la Quinta Avenida.
Si tanto le gusta vestirse bonito a costa del erario público y destruir todo lo que toca, bien podrían mandarlo como representante de esta entidad a la ONU, al parlamento europeo o a cualquier organismo internacional donde haga menos daño y siga haciendo añicos todo lo que le ponen bajo su responsabilidad.
La última y nos vamos…
Donde ya no entendí si quieren o no salir de la severa crisis económica que atraviesan es en la secretaría de Salud. El problema los últimos meses ha sido la falta de dinero para subsanar los gastos de operación de las clínicas y hospitales mexiquenses e intentar pagar un poco de lo mucho que deben para que les vuelvan a surtir medicamentos e insumos para que operen sus instalaciones.
Sin embargo, una de las vetas que año con año tenían a su alcance para ingresar algo de recursos frescos, ellos mismos se la cerraron, por razones poco claras y que caen en el término de lo increíble.
Rechaza el Instituto de Salud del Estado de México millones de pesos de la expedición de certificados médicos.
Resulta que el sector Salud del Estado de México este año no ofreció la expedición de certificados médicos a los padres de familia e hijos que los requirieron para inscribirse al nuevo ciclo escolar.
En promedio, cada certificado médico expedido en las clínicas y hospitales mexiquenses tenía un valor de 50 pesos, y puede sonar poco jugoso el negocio, pero para valorarse en su justa dimensión es necesario señalar que se trata cada año de un asunto de miles, quizá millones de certificados médicos expedidos.
Si por lo menos hablamos de casi 4.5 millones de estudiantes que regresaron a clases desde preescolar hasta educación superior en el Estado de México, podremos hacer cálculos de cuánto se podría captar si a cada uno de esos estudiantes se les cobra 50 pesos por certificado médico.
Esa cantidad no es nada despreciable, en lo absoluto, pues, de reunirla, bien podrían haber abonado un poco a lo mucho que le deben a los proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios.
Quienes llegaron a solicitar el certificado médico que necesitaban a las clínicas y hospitales mexiquenses, recibieron un no como respuesta, y como explicación un argumento que verdaderamente tilda en lo ridículo: “NO HAY FORMATOS”.
Como si los formatos para expedir los certificados médicos se imprimieran en papel de primera calidad o tuvieran que hacerse en la central de serigrafía más lujosa del país o del extranjero, quizá olvidaron que en otros años los certificados médicos se expidieron hasta en fotocopias de los formatos, y solo se les ponía un sello de tinta roja para oficializarlos.
Parece que quien administra el Instituto de Salud del Estado de México está peleado con el dinero o lo que verdaderamente hay detrás de ese tipo de actitudes es un velado interés por declarar en quiebra al sistema de salud de esta entidad, tal vez con la intención de entregarlo a la iniciativa privada o a no sé quién para emprender un nuevo negocio, así como ya se hizo con los fondos de pensiones de los trabajadores gubernamentales a las Afores. ¿O no?