Visión Puntual

Por: José Contreras Contreras

Bajo sospecha

 

La profesora María del Carmen García Zárate, quien en la pasada elección por la secretaría general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) fungió como candidata de la planilla Alternancia Sindical, parece estar metida en un lío importante, toda vez que presumiblemente “agarró” dinero de “muchas partes” para financiar su proselitismo y ahora ya no sabe cómo pagar, pue el presunto compromiso era que, una vez “ganando” la elección, lo haría, pero de las arcas de ese importante sindicato.

García Zárate sufrió un contundente revés en la elección interna por la dirigencia estatal del SMSEM, donde no logró ni la mitad de los votos que sí obtuvo el ganador de la contienda y nuevo secretario general de esa organización gremial, José Manuel Uribe Navarrete, y con ello, lamentablemente para ella, enterró la posibilidad de “recuperar” lo mucho que invirtió en su proselitismo, el cual hizo, por cierto, con dinero ajeno.

De acuerdo con algunos de sus allegados, María del Carmen García Zárate recibió financiamiento y apoyo para la movilización política en los 125 municipios mexiquenses, sobre todo de ex dirigentes del mismo sindicato que ella se propuso encabezar, entre otros de la ex líder Trinidad Franco Arpero y Héctor Hernández Silva, quienes no solamente le ayudaron con recursos económicos, sino con todo un ejército de personas que utilizaron como “promotores del voto”.

María del Carmen García Zárate, desesperada.

Lo malo es que ese “ejército de promoción del voto” desayunaba, comía y cenaba, todo a cargo de la campaña de la planilla Alternancia Sindical, en el entendido de que, si ganaba, todo ese “apoyo” se pagaría desde la Tesorería del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, lo cual obviamente no ocurrirá porque ni cercanamente se acercó al triunfo.

Como ya se comentó, García Zárate no obtuvo ni la mitad de votos que el ganador de la contienda, lo que complicó gravemente incluso la posibilidad de “pelear” en tribunales una eventual reconsideración del resultado de la elección, presentando alguno que otro argumento que le permitiera quizá anular algunas casillas bajo presunta sospecha de “irregularidades”.

Ante el Órgano Electoral Independiente que tuvo a su cargo la organización y realización de la elección interna del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México la profesora María del Carmen García Zárate presentó supuestas pruebas que caen en el ridículo, como una serie de fotografías con las que intentó responsabilizar al ayuntamiento de Tenango del Valle de presuntamente “apoyar” la campaña de la planilla ganadora de la elección, Base Magisterial.

Ya luego se aclaró de manera fehaciente que esas fotografías correspondían sí a empleados municipales del ayuntamiento de Tenango del Valle, específicamente del área de Servicios Urbanos, quienes precisamente retiraban una lona empleada como “pasa-calles”, la cual obstaculizaba la visibilidad en una calle del municipio, por lo que se ordenó su retiró.

“Inteligentemente” algunos de los “asesores” y matraqueros de la profesora García Zárate tomaron esas fotografías y revirtieron la historia, señalando que los empleados municipales “colocaban” la manta de respaldo a José Manuel Uribe Navarrete y su planilla, lo cual ya se demostró que no fue así, sino todo lo contrario, la mencionada manta se retiraba, no se colocaba.

Como esa “prueba” fueron todas las demás con las que quiso buscar una instancia que respaldara su reclamo, el cual, por cierto, llama la atención que nunca fue en el sentido de que ella hubiera ganado la elección, porque no fue así, y solamente se limitó a hacer una “crítica” al proceso por presunta “inequidad”, porque su principal argumento fue que ella no tuvo nunca el “respaldo” que sí logró Uribe Navarrete, actual secretario general del SMSEM.

Y no lo obtuvo de los profesores quienes a final del día decidieron la elección, con su voto, porque sí tuvo, y mucho, apoyo de ex secretarios generales del SMSEM, quienes “invirtieron” sus ahorritos en ella, pensando que su eventual triunfo sería un paso firme para su regreso a los órganos de dirección del magisterio estatal. Pero no solamente fueron recursos de ellos, sino que ahora se dice que hubo “apoyo” financiero de otros lados, políticos, empresarios y uno que otro oscuro personaje de los que han sido señalados en el pasado por su participación en actividades no muy claras, y mucho menos legales.

Esa es la razón que mueve a la profesora García Zárate para el necio proceso de “pataleo” en el que se ha montado, pues sabe perfectamente que solamente un milagro podría hacer que el resultado de la elección se revierta, pues éste, en cantidad de votos, es infinitamente indiscutible, por lo que busca cualquier pretexto, cualquier resquicio con el cual meterse como ratita, por un huequito, en la posibilidad de distorsionar una elección que fue clara y transparentemente adversa para su causa.

Pero eso no la limita a seguir buscando instancias que pudieran hacerle el mínimo caso a sus angustiadas reclamaciones, las cuales ella misma sabe que no tienen fundamente real y mucho menos legal.

Sin embargo, la señora profesora es muy manipulable y hace caso ciego a quienes todavía le hablan al oído, comenzando por su suegro, quien todavía apuesta a ganar en “la mesa” lo que no fueron capaces de obtener en las urnas, y ni qué decir de la profesora Trinidad Franco Arpero, reconocida “estratega” política que lo mismo le ha dado “operar” para PRI, PAN y más recientemente a favor de Morena, con tal de rescatar algo del poder político que alguna vez obtuvo.

El único que realmente sorprende en su forma de conducirse es Héctor Hernández Silva, ex secretario general del mismo Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México que cobra actualmente como titular del organismo que tiene a su cargo la evaluación de docentes, adscrito a la Secretaría de Educación, pues nadie entiende cómo es posible que ponga en entredicho la imparcialidad a la que está obligado como servidor público de esta entidad, y se ponga de “madre ardiente” apoyando y hasta financiando a una candidata en un proceso al cual estaba obligado a respetar y mantenerse al margen al 100 por ciento.

Pero dentro de todo esto la más afectada en realidad es la propia ex candidata María del Carmen García Zárate, pues además de la derrota que ya lleva grabada en la frente, ahora sigue gastando tiempo, dinero y esfuerzo en sus “chillidos” legaloides ante diversas instancias judiciales y laborales, donde no obtendrá más que respuestas contundentemente desfavorables para su causa, mismas que, además, le hundirán más en deudas de las que lamentablemente le será muy complicado salir bien librada.

 

La verdad, verdad

 

Sumamente interesante la entrevista que el periodista Mario García Huicochea le hizo al titular de Salud del Estado de México, doctor Gabriel O´Shea Cuevas, en la cual, si se observa con detenimiento, es posible entresacar verdades que no fueron capaces de obtener los ilustres diputados y diputadas de la LX Legislatura local, cuando el mismo personaje acudió a la sede del Poder Legislativo a comparecer en ocasión de la glosa del primer informe de labores del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Destaca la seriedad con la que el doctor O´Shea Cuevas asumió el ejercicio periodístico y dio a conocer cosas que durante más de un año se mantuvieron como que en “secreto” sobre las finanzas que encontró la actual administración mexiquense en ese importante sector de la administración pública: Salud.

Lo primero que es de retomarse es que el secretario de Salud da a conocer dos números, el primero sobre la deuda que le heredó su antecesor, César Nomar Gómez Monge, quien fue secretario del mismo ramo en la administración del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.

De acuerdo con las declaraciones de O´Shea Cuevas, la actual administración estatal inició el pasado 15 de septiembre de 2017 con una deuda de 9 mil millones de pesos, comprobados, en la cual se mesclaron adeudos con proveedores, instancias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el no pago de impuestos retenidos a los empleados, la aseguradora MetLife a la que no se le entregaron las cuotas también cobradas a los trabajadores de Salud, y al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), entre otros organismos.

Gabriel O´Shea Cuevas. Revelaciones.

Comenzar una gestión pública con 9 mil millones de pesos en contra, por deudas, es tanto como querer correr la maratón con un elefante sobre los hombros. Prácticamente imposible.

Eso, dijo el secretario de Salud del Estado de México en esa entrevista, originó, entre otras afectaciones directas para el sector que las clínicas y hospitales mexiquenses presentaran, al mismo mes de septiembre del 2017, un abasto promedio menor al 25 por ciento en medicamentos, lo que evidentemente provocó una crisis de atención para los millones de mexiquenses que dependen del servicio público de la red que administra el Instituto de Salud del Estado de México.

Pero otro dato espectacular es el que tiene que ver con el engrosamiento de las filas laborales de la Secretaría de Salud mexiquense. De acuerdo con el testimonio de O´Shea Cuevas, cuando él dejó esa dependencia, siete años atrás, de la cual ya había sido titular, el ISEM tenía una nómina de algo así como 30 mil empleados, y cuando retomó las riendas de la misma instancia, el 15 de septiembre de 2017, ya tenía más de 70 mil empleados.

“Estaría loco de contento si ese doble de empleados hubiera sido preferentemente de médicos y enfermeras, pero no era así, la mayoría eran empleados administrativos”, precisó el titular de Salud del Estado de México.

García Huicochea le planteó al secretario de Salud el hecho de que existen acusaciones respecto de que esa “sobrepoblación” en la dependencia era en realidad una estructura electoral que operaba a favor del Partido Revolucionario Institucional con fines eminentemente políticos, a lo cual en realidad el doctor O´Sheva Cuevas evitó responder.

Sin embargo, queda claro que la secretaría de Salud no necesitaba 30 mil trabajadores administrativos más; es más, ninguna secretaría del Gobierno del Estado de México necesita 30 mil trabajadores administrativos, y aquella que diga que sí los requiere, pues evidenciará ineficiencia.

O´Shea Cuevas prácticamente se burló de esa situación diciendo que era tan ridícula la situación administrativa que encontró a su llegada a la secretaría de Salud, el 15 de septiembre de 2017, que prácticamente había un empleado encargado de sacar la fotocopia de un documento por el frente en la mañana, y otro empleado para que sacara la copia del revés, del mismo documento, por la tarde.

¿Quién necesita dos empleados para sacar la copia del mismo documento, solo por un lado distinto del mismo papel? Pues seguramente César Nomar Gómez Monge sí los necesitaba, y no precisamente para sacar la copia del mismo documento por un lado diferente del mismo papel, sino para hacer otras actividades no precisamente relacionadas con el sector Salud, solo que cuando regresó el doctor O´Shea Cuevas a ese lugar ya habían pasado las elecciones y tuvieron que reunirlos en esas mismas oficinas para simular que “todos tenían algo qué hacer ahí”.

En síntesis, ya existe un diagnóstico preciso de la “extraordinaria” situación que guardaba el sector Salud mexiquense al arranque de la gestión del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pero ésta evidentemente lo único que revela es una absoluta irregularidad, la cual ahora deberá ser resuelta por la actual administración estatal y, eventualmente, sancionada por los órganos de control y fiscalización correspondientes.

Porque eso sí, tal como lo hizo ante los diputados mexiquenses, el doctor Gabriel O´Shea Cuevas dejó muy en claro que él no es el responsable ni de fiscalizar ni de sancionar eventualmente algo que resulte en responsabilidad administrativa o penal, pues su chamba, reiteró, es ser Secretario de Salud, y dijo que su única responsabilidad, “para lo que me contrató el gobernador”, es para que cuando la mamá llegue al hospital con el hijo hirviendo en calentura, haya un supositorio que aplicarle para bajarle la temperatura.

Y en realidad tiene razón O´Shea Cuevas, esa es su responsabilidad, no andar investigando quién se robó qué y cuánto se robó, para eso hay instancias de la administración pública estatal y federal que deben dar ese tipo de resultados, lo malo es que éstos han demostrado ser más lentos que la reforma agraria que comenzó al finalizar la Revolución Mexicana y todavía se mantiene inconclusa.

Es tiempo de que se rindan cuentas exactas acerca de quién motivó ese desastre financiero y administrativo que encontró el doctor O´Shea Cuevas cuando regresó al cargo de Secretario de Salud. Esas circunstancias tienen nombre y apellido, la deuda de más de 9 mil millones de pesos que se generó en ese Instituto de Salud no se hizo sola, como tampoco se contrataron solos los más de 30 mil supuestos administrativo, muchos de ellos “aviadores”, como ya lo estableció la Auditoría Superior de la Federación, y otros más que se dedicaban a cualquier cosa, menos a brindar salud a los mexiquenses.

 

Se cimbra el OSFEM

 

Las cosas no pintan muy bien para el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, a quien los nuevos diputados, sobre todo los de la mayoría parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, han puesto “marca personal”.

El problema de fondo es que hasta la anterior Legislatura local, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era mayoría y el Partido Acción Nacional (PAN), que apadrinaba a Baz Ferreira, jugaba un papel preponderante en las decisiones legislativas, pues prácticamente el titular del OSFEM hacía lo que le daba la gana, se sentía intocable y dueño de la verdad.

Ahora el viento ya no sopla a su favor, por el contrario, la revisión que los legisladores han hecho sobre la responsabilidad de Baz Ferreira ha dejado en entredicho el trabajo no solo de ese servidor público legislativo, que es lo que es, un empleado de la Legislatura, sino de todo su amplio equipo de colaboradores.

El problema radica en que el OSFEM, como órgano técnico de control y supervisión del gasto público, debería –al menos eso dice en el papel—ser la instancia que garantice que el gobierno estatal y municipales se ajusten a un gasto moderado de los recursos públicos, transparente, apegado a lo que la ley establece en materia, por ejemplo, de obra pública y los procesos de licitación que debería haber detrás.

Sin embargo, no es así, lo cierto es que es un secreto a voces que el OSFEM en los últimos años operó como una “oficina de conciliación” entre el gasto público y el negocio de muchos servidores públicos estatales y municipales.

Fernando Valente Baz Ferreira, se va, se va…

¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué, a pesar de que todos dicen que en las dependencias estatales y en los ayuntamientos ocurren irregularidades financieras simplemente nunca hay responsables?

Eso va desde lo mínimo posible, lo evidente, lo que absurdamente se ha convertido en “normal” en esta entidad. Pondré solo un ejemplo, para que se entienda. Esta entidad, toda, hoy se caracteriza por vialidades infestadas de hoyos, de baches, de fracturas, de irregularidades en el pavimento. El ¿por qué? puede ser atribuido a factores climáticos, geográficos, orográficos, de muchos tipos, pero hay que recordar que detrás de cada calle pavimentada en el Estado de México hubo una autoridad, estatal o municipal, que ordenó la obra, así como una empresa a la que se le adjudicó y la llevó a cabo.

Si usted contrata a una empresa para que le construya una casa y esta se cuartea o se cae a pedazos ¿no estaría usted en condiciones de demandar a esa empresa y obligarla a pagar la reparación, ejecutarla y garantizar un plazo para que esto no vuelva a ocurrir?

Bueno, pues eso exactamente debería ocurrir entre la autoridad que ordenó, supuestamente licitó, adjudicó y supervisó la obra, y aquella empresa que la realizó. Pero no sucede, y no sucede simplemente porque muchas de esas obras nunca se adjudicaron correctamente; es decir, no hubo un proceso en el que se convocara a empresas especializadas, se les pidieran cotizaciones, se analizaran y se determinara cuán de ellas era la mejor, no solo en términos de la más barata, sino la que precisamente contenga esos términos de garantías sobre los materiales, el tiempo de uso y, eventualmente, las reparaciones a las que se compromete quien hace una obra de ese tipo.

Nada de eso existe en la mayoría de los casos porque regularmente, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, la obra se le da, directamente, sin ningún tipo de licitación, al compadre, amigo, familiar o prestanombres del presidente municipal, del tesorero o del director de obras, en su defecto, y muchas de esas obras las hacen personas sin ninguna pericia ni capacidad profesional ni técnica; se trata de negocios “redondos” donde lo importante es “hacer como que se hace”, para derivar dinero público al beneficio personal.

Por eso cuando la calle se cuartea, salen los hoyos y simplemente se hunde, como ocurre en muchos lugares del territorio estatal, es porque en su oportunidad se hizo solo para simular, para resolver dos asuntos que sí son importantes para ese tipo de autoridades corruptas: que los ciudadanos crean que sus gobernantes sí están haciendo algo por ellos, pero, al mismo tiempo, para llenarse los bolsillos de dinero público, porque en todas esas maniobras ellos siempre llevan “ganancia”.

¿Pero cómo cumplen entonces con los muchos formatos que la ley les obliga a integrar en los llamados expedientes de obra? Ah, pues eso es muy fácil, precisamente los responsables de auditar todo eso, son los mismos que se prestan a “ayudar” a los alcaldes a supuestamente “cumplir” con todos los requisitos que la ley les establece, lo cual no es otra cosa que más corrupción, más simulación, más maniobras legaloides para aparentar que se cumple, sin hacerlo.

Así ha funcionado desde hace mucho tiempo el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad, como un “despacho de asesoría” siempre dispuesto a “apoyar” a los presidentes municipales a oficializar sus tranzas, ¿a cambio de qué? Pues de lo mismo, del beneficio personal.

Cuando acabe la revisión que hoy se hace a la actuación del OSFEM, a la más reciente Cuenta Pública estatal y municipal, saldrán a la luz este tipo de “cositas” en las que muchos han estado involucrados, o ¿cómo cree usted que Eruviel Ávila Villegas logró salir “limpio” de su gestión como gobernador del Estado de México, cuando, hoy lo sabemos con precisión, dejó una deuda de más de 9 mil millones de pesos, solamente en la Secretaría de Salud.

Rodará la cabecita del señor Fernando Valente Baz Ferreira, muy pronto, poco después del 15 de noviembre, cuando se entregue el reporte definitivo de la revisión que se lleva a cabo a su actuación. El nombre de Victorino Barrios Dávalos suena muy fuerte para suplirlo. El todavía titular de la Contraloría del Poder Legislativo cuenta con la experiencia y capacidad técnica necesaria para hacer esa labor, pero bien, sin componendas. Barrios Dávalos es uno de esos servidores públicos que incluso fue considerado incómodo para otras legislaturas, porque es de esos que no distingue colores, amistades, tamaños o recomendaciones, cuando de aplicar la ley se trata.

 

La última y nos vamos…

 

Muy interesante la defensa que desde la oficina de Comunicación Social del Poder Judicial se intentó para tratar de hacer frente a la denuncia del dirigente de la Cámara Nacional de Transporte y Turismo, Odilón López Nava, sobre la captura e inmediata liberación de uno de los implicados en el constante “secuestro” de autobuses de pasajeros a manos de presuntos “estudiantes” de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas, de Tenería, en el municipio de Tenancingo.

Resulta que el esfuerzo para acallar esa denuncia no se dirigió a “aclarar” que el presunto lidercillo de los aspirantes a profesores no habría sido liberado, o por lo menos explicar por qué fue liberado. No, todo se dirigió a tratar de señalar que el Poder Judicial del Estado de México no tiene juezas, mujeres, en esa zona de la entidad.

Y es que el líder de los transportistas y copropietario de la empresa Flecha roja, Odilón López Nava, dijo textualmente que el sujeto fue liberado por “la juez” que conoció del caso, lo que bien pudo hacer sido una inexactitud al momento de ofrecer la declaración del caso ante los representantes de los medios de comunicación.

¿Juez o jueza? ¿Acaso importa?

Sin embargo, aquí el asunto de fondo no es si se trató de un juez, hombre, o de una jueza, mujer, sino de que independientemente del género al que corresponda el interfecto, lo importante es que liberó a un sujeto presunto responsable del secuestro, robo y destrucción de más de 60 autobuses de pasajeros, solo en lo que va del año.

En este caso de poco o de nada le importó a la representación del Poder Judicial de la entidad las muchas pruebas aportadas por los transportistas en contra de este sujeto, presunto responsable de esos delitos, ya que lo liberó, independientemente si era juez o jueza.

Así es que para la otra, que por favor los señores transportistas sean más precisos en sus declaraciones, que se fijen bien si se trata de hombre, mujer o quimera, para que eso no sea pretexto para la no aplicación de la ley. ¿O no?

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