Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 29 de noviembre de 2022. – Con el fin de que las autoridades estatales y municipales garanticen la aplicación de los principios rectores, impulsar la cultura de respeto, así como la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes del Estado de México.
Añadió que los derechos humanos se conciben hoy en día como elemento esencial de cualquier sistema democrático y el interés superior de los menores es un principio que desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, recogido expresamente en disposiciones internas como un principio rector de los derechos de los niños.
“Es importante tomar en cuenta el interés superior del niño que considera aspectos como garantizar y proteger su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, niña y adolescente, de conformidad con lo establecido en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, el texto Constitucional y las leyes de los niños niñas y adolescentes”, expuso.
García Sosa añadió que en todos los ámbitos de competencia existe la responsabilidad de proteger los derechos de niños y adolescentes, así́ como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral.
Agregó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años, así como instrumentar las medidas cautelares, protección y restitución integrales procedentes en términos de la ley.
Indicó que el interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para los menores.
“La salvaguarda de los principios para la protección de niños, niñas y adolescentes debe ser considerados en todas las decisiones que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”, concluyó.
