Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 24 de Febrero de 2022.- La diputada Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para regular la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo del Estado de México, misma que propone que en ningún bando municipal se permita la retención, destrucción, aseguramiento o decomiso de mercancía como pena o sanción, siempre y cuando sea de procedencia licita.
Abundó que también se pretende que los inspectores de cualquier orden de gobierno puedan ser verificados por cualquier ciudadano y que a las personas a quienes van dirigidos estos actos de autoridad, constaten en tiempo real la autenticidad y legalidad de las diligencias.
“Propone que con el Registro Estatal de Inspectores, sistema coordinado y operado por la Secretaría de la Contraloría, las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal y municipal, registraran los datos relativos a órdenes de visitas, inspecciones o verificaciones que llevan a cabo las autoridades, para que los sujetos a quienes van dirigidas constaten en tiempo real la autenticidad y sustento legal de la diligencia”, explicó.
Franco Arpero agregó que la Secretaría de la Contraloría celebrará convenios que coadyuven entre el Registro Estatal de Inspectores con otros poderes públicos, ayuntamientos, entidades públicas federales y estatales, así como con organismos autónomos para mantener actualizado dicho registro, además de vigilar que el sistema de consulta se encuentre en funcionamiento para que la información proporcionada por las autoridades pueda ser consultada en tiempo real.
“Los bandos municipales consideran en su ordenamiento al comercio formal e informal, este último realizado por personas que comercializan bienes y servicios de manera permanente, temporal o por días determinados que, mediante permiso o autorización, realizan actividades comerciales de bienes y servicios en la vía pública”, mencionó.
Sin embargo, dijo, aún y cuando se acredite la legal procedencia de los bienes que ofertan, en muchos de los supuestos, por desconocimiento, este comercio informal ha elevado los casos de abuso de autoridad por parte de servidores públicos que se hacen pasar como verificadores presentando supuestas órdenes para llevar a cabo inspecciones y verificaciones que carecen de sustento legal.
Por último, añadió que dichas verificaciones terminan en actos inaceptables como abusos de autoridad que terminan en decomisos, retención y hasta destrucción de mercancías, productos que son fuente de ingreso de las personas que, en muchos de los casos, se vieron obligados a realizar esta actividad, pues tienen la necesidad de llevar sustento a sus familias sin la necesidad de delinquir.
