Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 17 de Febrero de 2022.- Con el fin de integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, que implicaría poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado, el diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de México.
“Al reconocerse como un derecho fundamental el principio de buen gobierno, obligaría a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funcionen actúen efectivamente bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz, eficiente e incluyente, procurando el interés público”, añadió
Refirió que la iniciativa propone que toda persona tenga derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, donde el Estado garantice este derecho, además de que la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento.
García Sosa explicó que se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y honestidad, así como el acceso a la información y la transparencia y la motivación de las decisiones de gobierno sean principios exigibles de actuación administrativa.
Resaltó que si bien el derecho a una buena administración fue incorporado en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho a la buena administración y al buen gobierno, así como la obligación del Estado para cumplir a partir de un ordenamiento específico que defina con claridad e integralmente los conceptos de buena administración y buen gobierno, establezca principios y entidades responsables, y mecanismos de protección procesal.
Indicó que al incorporar el derecho a la buena administración pública en la Constitución Política de la entidad, se estaría inaugurando un nuevo paradigma en la administración pública en la que la ciudadanía tenga un papel central a partir de reconocer que todas y todos tienen derecho a un buen gobierno.
“Con esto se podría establecer desde el orden constitucional una garantía para que todas las personas cuenten con el derecho de tener una administración pública eficiente y eficaz, que deba realizar su trabajo de manera austera, con base en principios de igualdad y equidad, y justificando sus actuaciones con una orientación clara hacia el interés público”, concluyó.
