- En el primer semestre de 2021 se registraron 129 mil 020 carpetas de investigación por estos hechos
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 10 de Febrero de 2022.- La diputada Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México con la finalidad de dar claridad y materia a la realidad que diariamente viven los juzgadores durante los juicios de guarda y custodia, en la responsabilidad que tiene el Estado por garantizar el interés superior del menor dentro de los procesos.
Indicó que de acuerdo con datos de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, los casos de violencia intrafamiliar ejercida contra menores de edad registraron cifras récords ante la pandemia de Covid-19, pues el confinamiento, restricciones a movilidad y la suspensión de clases generaron graves afectaciones en las niñas y niños del país,
“En el primer semestre de 2021 se registraron 129 mil 020 carpetas de investigación por estos hechos, lo que representó un aumento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El Estado de México se ubicó entre las zonas del país con mayor número de reportes por violencia intrafamiliar”, destacó.
Franco Arpero indicó que cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica señalan que las llamadas por violencia familiar entre 2020 y 2021 aumentaron 383 por ciento, y tan solo de enero a junio del 2021 se registraron 88 mil 803 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia ejercida contra algún miembro de la familia, siendo el Estado de México el más alto con un 17 por ciento, seguido de Chihuahua con el16 por ciento y la Ciudad de México con un 15 por ciento.
Sobre los casos de violencia familiar, mencionó que entre enero de 2021 y el promedio de los 12 meses anteriores, en la entidad se registró un incremento del 20.18 por ciento en carpetas de investigación iniciadas.
Refirió que la violencia familiar es un problema de índole “privado” cuyas consecuencias trascienden al núcleo familiar, convirtiéndose en un problema social que implica una enorme derrama en salud, asistencia social, procuración y administración de justicia, es un problema que genera violencia social que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo, acciones que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como judicial, como en el sector de educativo, atención a la salud, y desarrollo social.
“Existe una deficiencia en la base jurídica procedimental, de manera específica en los juicios de guardia y custodia, que ocurre de manera constante cuando los progenitores presentan elementos de prueba donde se alega, por ambas las partes, actos de violencia ejercida sobre los menores, con la intención de incidir en la valoración del juzgador y obtener un resolutivo favorable”, finalizó.
