- De uno a tres años de prisión para quien realice esas prácticas
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 17 de Agosto de 2020.- Con el propósito de fortalecer la propuesta que busca prohibir y sancionar las terapias de conversión por orientación sexual, expresión o identidad de género en el Estadio de México, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y Para la Igualdad de Género acordaron analizar a profundidad la iniciativa propuesta por la diputada Beatriz García Villegas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La iniciativa propone sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 hasta 200 días multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género.
Durante una mesa de trabajo, los diputados coincidieron en que las terapias de conversión son prácticas que vulneran los derechos de las personas, por lo que es preciso legislar con responsabilidad, teniendo la tarea de reformar con claridad, revisar la accesibilidad y legalidad de la propuesta.
La diputada proponente, Beatriz García Villegas señaló que las reformas al Código Penal para prohibir y sancionar las prácticas que buscan corregir, eliminar, modificar o revertir la orientación sexual mediante pseudo tratamientos psicológicos o religiosos que abarcan desde golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la libertad, electroshocks, sesiones de terapia, amenazas y abusos.
“Las prácticas de conversión son prácticas discriminatorias y generalmente clandestinas, donde se vende y compra la idea de que una persona perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ está enferma por tener una orientación sexual distinta a la mayoría”, resaltó.
Al respecto, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, integrante de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que en el Senado de la República ya existe una iniciativa para tipificar estas terapias, pero considera una pena mayor que va de 2 a 6 años de prisión, por lo que propuso ir en concordancia y también analizar la posibilidad de elevarla a sanción.
La legisladora Karina Labastida Sotelo, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso especificar el tema de no perseguir penalmente cuando las terapias se quieran seguir de forma voluntaria, así como trabajar en otras modificaciones en la Ley de Salud y de Educación del Estado de México para impactar de manera preventiva y que no sólo se criminalice.
Finalmente, el diputado Juan Maccise Naime, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), añadió que la iniciativa aún no está lista para aprobarse, ya que se debe revisar a detalle sus implicaciones jurídicas, operativas y sociales, toda vez que tal y como se propone, podría generar problemas de interpretación y en consecuencia, un obstáculo normativo para la labor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al no ser precisa y clara.