- En la “Lista Negra” aparecen expresidentes municipales, tesoreros, síndicos y directores de obras
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 2 de Marzo de 2022.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a través de la Unidad de Investigación, logró que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33 ex servidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018, principalmente por abuso de funciones y desvío de recursos.
Las sentencias, en las que no hay posibilidad de interponer amparos, fueron para ex alcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras, secretarios, contralores internos, presidentas de DIF municipales, entre otros, con inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los 5 millones de pesos.
Los servidores públicos municipales que fueron sancionados son de los municipios de Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF de Tequixquiac, el Instituto de Cultura, Física y Deporte (IMCUFIDE) de Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
Además, actualmente hay 643 expedientes pendientes en la Unidad de Investigación, de los que 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, mismos que se litigan en la 8ª y 9ª Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) de Toluca y Atizapán, respectivamente.
Sobre el programa del Salario Rosa, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) refirió que en el 2018 cuando arrancó de manera formal, no se auditaron los programas sociales, pero en 2019 se realizó una auditoría de cumplimiento financiero de la que aún no hay dictamen, mientras que en 2020 se hicieron dos auditorías, una de desempeño y otra de cumplimiento financiero, las cuales derivaron en las 80 recomendaciones, mientras que de las observaciones de 2019 se cambiaron varias reglas de operación para el 2021.
A la fecha, solo 22 por ciento de las observaciones a las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2019 se han solventado y, por otro lado, la resistencia de las entidades fiscalizables a proporcionar información del ejercicio 2020 llevó a imponerles 157 multas como medidas de apremio.